Definición de Derecho Administrativo

El derecho administrativo se define como aquella rama del derecho dedicada al estudio de las normas y principios que rigen la actuación de la Administración Pública. De esta manera el derecho administrativo regula la forma de organizar la Administración y qué potestades le son atribuidas, las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas y las garantías de los ciudadanos frente a posibles actuaciones de la Administración

Prerrogativas del derecho administrativo

Funciona en torno a unos principios esenciales entre los cuales pueden destacarse las siguientes prerrogativas.

- Todos los actos de la Administración tienen presunción de validez.

- Para ejecutar sus actos, la Administración no tiene por qué recurrir a los tribunales. En caso de que algún administrado no estuviera de acuerdo con estos actos, deberá ser él quien tenga que recurrir a los tribunales.

- constituye un límite a la libre actuación de la Administración.

- protege los intereses públicos.

- A diferencia de los también conocidos como derechos codificados, el administrativo es un derecho cambiante.

Claroscuros del derecho administrativo

En derecho hay una expresión muy definitoria sobre las zonas borrosas en las que se mueve el derecho administrativo y es aquella que dice: “La Administración huye hacia el derecho privado”.

Pese a que en teoría la Administración debe regirse por el derecho administrativo, hay determinados asuntos en los que actúa siguiendo el derecho privado. Esto viene provocado por el encorsetamiento normativo que sufren las actuaciones de la Administración, privándole de una libertad de movimientos que en muchos casos se traduce en una lentitud excesiva e incluso un cierto anquilosamiento. Frente a ello la sociedad demanda actuaciones más rápidas y agiles, lo que lleva a que la Administración, si quiere satisfacer este clamor popular, deba aparcar la vía del derecho administrativo y lanzarse a la senda del derecho privado.

Habitualmente esta situación se entiende como algo meramente circunstancial, ya que las demandas sociales son cambiantes según el momento, lo que lleva a que la legislación se adapte perfectamente a ciertas demandas, mientras que en otros casos sea necesario este cambio temporal.

Pero en cualquier caso, en última instancia, el problema radica en que la Administración cada vez está más maniatada a la hora de actuar con libertad, debiendo hacer frente a mayores trabas y gozando de un margen de maniobra escaso, lo que termina por provocar situaciones de auténtica injusticia social difícilmente solucionables con el marco jurídico en vigor.

Imagen: iStock, Dmitrii Kotin

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