En los últimos años se afirma que Ruanda es la «Suiza africana», pues este país tiene importantes tasas de crecimiento económico. Sin embargo, en 1994 la población ruandesa vivió un episodio trágico: un millón de tutsis fueron asesinados por miembros de la etnia hutu.
Durante tres meses fueron ejecutados diariamente 11.000 personas y miles de cadáveres fueron arrojados en ríos y lagos para que no hubiera ningún rastro de ellos.
El desencadenante de las matanzas
El 6 de abril de 1994 el avión en el que se encontraba el presidente ruandés de origen hutu fue derribado por un mísil. De manera inmediata se dijo que los responsables del atentado habían sido los extremistas tutsis.
A partir de ese momento las fuerzas armadas del país comenzaron las matanzas de la etnia tutsi. Algunos días después del inicio del genocidio, la Cruz Roja Internacional comunicó que miles de personas estaban siendo ejecutadas.
Si bien la ONU condenó los crímenes, inicialmente no empleó el término genocidio para calificar los asesinatos. Con el fin de frenar las acciones sanguinarias la ONU envió tropas de cascos azules a Ruanda. En el mes de julio el Frente Patriótico Ruandés tomó el control de la capital y obligó a huir al gobierno hutu hacia el exilio en Zaire.
Las tensiones étnicas en Ruanda ya se producían durante el periodo colonial
En 1950 Ruanda era una colonia belga y solamente la población de origen tutsi tenía acceso a la educación. En 1959 los tutsi tomaron el poder y el pueblo hutu exigió la igualdad de derechos. En 1961 la mayoría hutu recuperó el control de la nación y abolió la monarquía tutsi.
En 1962 Ruanda conquistó la independencia y en los años sucesivos la mitad de la población tutsi huyó del país como consecuencia de distintos enfrentamientos civiles. Así, los conflictos históricos y las guerras civiles entre ambas etnias fueron creciendo hasta que en 1994 comenzó el genocidio.
Una operación de exterminio sistemático
Los líderes que organizaron el genocidio dieron órdenes precisas: 1.000.000 de personas de la etnia tutsi debían ser asesinadas. En otras palabras, el 15 % de la población había sido sentenciada a muerte.
Los tribunales de justicia que juzgaron las matanzas clasificaron a los responsables en cuatro categorías delictivas. En la primera se encontraban los organizadores intelectuales del genocidio. En la segunda, los asesinos directos. En la tercera estaban los cómplices y los delatores y en la cuarta los ladrones que robaban a los muertos.
En cualquier caso, todos ellos consideraban a los tutsis como enemigos de la nación y por este motivo debían ser exterminados.
Ante la situación de extrema violencia, miles de ruandeses tutsis abandonaron el país y se instalaron en campos de refugiados en Burundi, Tanzania y República Democrática del Congo.
Cuando las matanzas finalizaron, fueron los hutus que huyeron del país por temor a posibles represalias.