Se denomina licitación al proceder administrativo mediante el cual algún organismo público requiere obras, servicios, bienes al sector privado. Así, generalmente el proceso consiste en un anuncio a través de un Boletín Oficial que refiere los pormenores del suceso, previamente haber evaluado a distintos candidatos. La licitación es el procedimiento habitual por el cual se el estado contrata a empresas privadas y por lo tanto debe ser lo más transparente posible, en la medida en que se intenta evitar posibles hechos de corrupción con fondos públicos.
El organismo público que desea licitar algún tipo de obra debe emitir documentos explicando las necesidades que desean satisfacerse y las condiciones que se está dispuesto a corresponder. Las distintas entidades privadas que deseen acogerse a esta oferta, presentan a su vez documentación que justifique que disponen de los medios adecuados para poder llevar a cabo la obra. En esta instancia se evalúan las distintas ofertas y pasado un tiempo prudencial se procede a la adjudicación de un contrato a la empresa que se considere más competente. La adjudicación es efectuada por el mismo órgano que requiere asistencia privada y como queda dicho, debe dejar constancia de las condiciones pactadas en un medio oficial tal como un boletín.
Existen distintos tipos de contratos que pueden ser adjudicados en función de las actividades requeridas. Así, es posible la adjudicación de obras públicas, la concesión de servicios públicos, contratos de suministros, contratos de colaboración en cualquier área entre el sector público y el privado, contrato de servicios, etc.
Existen algunas pautas a seguir para garantizar que el proceso sea lo más eficiente y correcto posible. En primer lugar, desde un punto de partida, toda encomienda hecha por un organismo estatal hacia una entidad privada debe hacerse mediante una licitación. Partiendo de este presupuesto, las licitaciones deben intentar garantizar el máximo de eficiencia en lo que respecta al plano económico; deben evitar establecer barreras de entrada; deben ser lo más transparentes posible, brindando información que sea accesible a la población; y finalmente, deben quedar exentas de discrecionalidad por parte de la autoridad civil.
Una licitación pública tiene como finalidad dejar patente garantías de que ningún acto de corrupción será llevado a cabo con las necesidades del estado. En efecto, a pesar de estas regulaciones y medidas de seguridad, es habitual que se realicen actividades contrarias a derecho, generalmente cuando un funcionario con poder político concede licitaciones a personalidades que luego aportarán parte de su dinero para financiar actividades partidarias.